Campaign to end US and Canada Sanctions against Venezuela

CALL TO ACTION – Endorse Today!

 

Ordinary Venezuelans, not the government of Venezuela, are hurt by sanctions imposed by the US and Canada

The elderly grandmother who cannot get insulin for her diabetes, the child whose calories are restricted during an important stage of development, families who cannot feed and clothe their children on wages they make under sanctions-caused hyper-inflation…these are the victims.

Unilateral sanctions are illegal

The day after the re-election of Venezuela’s President Nicolás Maduro, the US further expanded economic sanctions against Venezuela. Canada has sanctions targeting individuals. Violating the human rights of the Venezuelan people, the unilateral sanctions are illegal under the charters of the OAS and the UN.

These sanctions prevent refinancing of foreign debt and repatriation of dividends earned by state subsidiaries abroad, restricting Venezuela’s ability to import vital foods and medicines. The US and Canada hypocritically claim to be concerned about the humanitarian situation in Venezuela, while their sanctions regimes are deliberately designed to asphyxiate the Venezuelan economy.

Sanctions are a form of economic war and can be a prelude to actual war

Released documents and public statements by the US and its allies in the Lima Group (including Canada) have made clear that a military option against Venezuela is not only on the table, but is  being planned.

As people in the US and Canada, we have the responsibility to end our governments’ practice of illegal foreign intervention, including economic sanctions against the people of Venezuela. Sanctions are collective punishment designed to make people suffer enough that they are willing to overthrow their own democratically elected government just to find relief, violating Venezuela’s sovereignty.

The campaign invites you and/or your organization to endorse this call against the illegal and unjust sanctions inflicted on Venezuela.

 

TO ENDORSE, PLEASE SIGN BY OPENING THIS LINK

Venezuela: preparativos mediáticos para una intervención

Por Romain Migus – Venezuela en Vivo

El 20 de mayo de 2018 se celebrará la elección presidencial en Venezuela. Esta convocatoria del pueblo a las urnas será la ocasión de pedir a los ciudadanos que hagan una elección sobre el futuro de su país, de la forma más soberana y más democrática. El chavismo, conducido por Nicolás Maduro, afrontará cuatro candidatos de oposición entre ellos Henri Falcón (1).

El ex gobernador del Estado de Lara fue el director de campaña del candidato de oposición Henrique Capriles Radonski en la última elección presidenciales de 2013. Con un 22% de intenciones de voto en los sondeos, es hoy el candidato de oposición en la mejor posición para intentar arrebatar el ejecutivo al presidente saliente. Nicolás Maduro, por su parte, ahora se acredita con un 52% de las intenciones de voto (2). Situación improbable si se atiene a las coberturas mediáticas dominantes pero que sigue siendo perfectamente racional en el contexto venezolano, donde el chavismo conserva una fuerte base electoral.
Es por lo tanto una elección crucial que se celebrará a finales de mayo, y que permitirá a los venezolanos definir el rumbo político del país para los próximos seis años. Nada muy original para un país que cuenta con 25 procesos electorales distribuidos en los 19 años de Revolución Bolivariana. Salvo que estas elecciones tendrán lugar en Venezuela, donde se desarrolla una terrible guerra de cuarta generación, cuya batalla de la información es uno de los ejes centrales.
Varias operaciones psicológicas ya fueron puestas en práctica desde la llegada de Hugo Chávez al poder. La última tuvo como objetivo lograr la aceptación en la opinión pública internacional de un cambio de régimen por la fuerza tras la elección de una Asamblea Constituyente, el 30 de julio de 2017. Ante la increíble movilización de los electores venezolanos a favor del proyecto de nueva constitución, este objetivo debió abortarse. Pero ha causado grandes perjuicios, y la propaganda desplegada en ese momento consiguió hacer admitir como verídicas toda una serie de matrices de opinión falsas. Es a partir de este terreno fértil que el sistema mediático se prepara de nuevo para tratar de hacernos aceptar como lógica una intervención antidemocrática contra el gobierno de Venezuela.
Este escenario no debe ser tomado a la ligera. Nunca la posibilidad de un ataque militar había sido tan propicia como en la actualidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no lo excluyó (3). Tras el fiasco de la intervención en Siria, un derrocamiento del Gobierno bolivariano podría realzar el prestigio militar de EE.UU en lo que considera como su feudo. A su vez, también es un buen medio para Washington de probar la determinación rusa de defender un mundo multipolar y de saber en cuántos teatros de operaciones el Kremlin puede estar presente simultáneamente.
Ahora le toca al sistema mediático convencer la opinión pública de la pertinencia de una intervención. Hasta la próxima elección presidencial, asistiremos a un acoso destinado por una parte a deslegitimar el alcance democrático del proceso electoral, y por otra parte a crear en la opinión pública un dejar hacer en caso de intervención extranjera.
Por consiguiente debemos prepararnos para hacer frente a una operación psicológica de gran amplitud que se basa en varias falsedades elaboradas desde hace años contra el Gobierno bolivariano. Los medios dominantes así construyeron varias matrices de opiniones que legitimaban cada una un pretexto para una intervención contra el país de Bolívar.

Una intervención para restablecer la democracia

En mayo de 2016, algunos meses después de la victoria de la oposición en las elecciones legislativas, un proceso de diálogo entre el chavismo y sus opositores comenzaron en República Dominicana bajo los auspicios del ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, del ex Presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández y el ex Presidente de Panamá, Martin Torrijos. Esta serie de 150 reuniones tenía como objetivo sacar al país política y pacíficamente de la crisis política provocada por los intentos violentos de la oposición para derrocar al presidente Maduro.
En enero de 2018, parecía haberse encontrado un acuerdo con respecto a una vieja cantinela los Estados Unidos y sus aliados venezolanos: la convocatoria a una elección presidencial anticipada (4). El acuerdo se refería a las garantías electorales y la fecha de la elección, inicialmente prevista para abril.
Sin embargo, como señala Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y jefe de la Comisión de diálogo para el Gobierno, «Todo estaba listo [para la firma del acuerdo] hasta el escritorio donde debíamos hacer nuestras declaraciones oficiales. Y luego, en la tarde, Julio Borges, el ex presidente de derecha de la Asamblea Nacional, recibió una llamada telefónica de Colombia del ex secretario de Estado de EE.UU, Rex Tillerson (…) La oposición anunció que no firmaría el acuerdo. De regreso a Caracas, José Luis Rodríguez Zapatero envió una carta a la oposición para pedirle cuál era su alternativa puesto que se negaba a participar en una elección presentando las garantías en las que ella misma había trabajado» (5). La franja más radical de la oposición decidió entonces boicotear la elección para hacer creer que Nicolás Maduro se presentaba solo en la carrera al Palacio de Miraflores.
A pesar de que cuatro opositores se presenten contra el Presidente saliente, este argumento se reprodujo ampliamente por el sistema mediático para dejar creer a la opinión pública que el gobierno bolivariano amaña las elecciones y organiza una parodia de democracia. Varios gobiernos ya anunciaron que no reconocerán los resultados de la próxima elección presidencial: EE.UU, los países latinoamericanos miembros del grupo de Lima (6), así como el reino de España o la República Francesa. Pero lo que los medios nunca muestran, es que las condiciones están perfectamente reunidas para elecciones democráticas y transparentes.
En Venezuela, para evitar los fraudes, las elecciones no son organizadas por el ejecutivo. La Constitución de 1999, que reconoce la existencia de cinco poderes independientes – el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el moral y el poder electoral- deja a este último la tarea de organizar los procesos electorales, en función de la Ley orgánica de los procesos electorales. Este marco legal, adoptado en 2009, no se modificó después. Permitió, en particular, la elección de Henrique Capriles como gobernador del potente Estado de Miranda (por 2 veces), reconoció la elección de Antonio Ledezma como Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas o también la de Julio Borges como diputado a la Asamblea Nacional. Ninguno de los representantes electos de la oposición nunca ha emitido una duda sobre el buen desarrollo del sufragio que lo dio vencedor, y la propia oposición jamás ha puesto en entredicho el marco legal de los procesos electorales. Cuando los medios nos hablan de una elección ilegítima, ¿por qué no se refieren a la legislación que encuadra el voto de los ciudadanos en vez de hacerse los portavoces de una oposición poco democrática?
¿Cómo se vota en Venezuela? He aquí una buena pregunta nunca abordada por el sistema mediático. Explicaciones: En primer lugar, cada partido político tiene el derecho a postular sus partidarios como asesores en los colegios electorales, así como una lista de observadores nacionales e internacionales. A continuación, el Centro Nacional Electoral (CNE) convoca, en presencia de todos los partidos, a una auditoría previa del programa informático utilizado para la recolección de datos. Observadores de cada partido político seguirán el proceso electoral desde la sede del CNE y también desde la empresa de telecomunicación encargada de la transmisión de los datos. Cada etapa debe ser aprobada por todos los participantes. Y de hecho, hasta ahora siempre lo ha sido.

Por lo que respecta al voto (7), Venezuela utiliza un doble sistema electrónico y manual. Cuando uno entra en el colegio electoral, se identifica mediante su tarjeta de identidad y de una máquina de reconocimiento de huellas digitales. Es pues imposible votar dos veces. A continuación se escoge su candidato en una máquina que pide confirmación del voto. Una vez confirmado, lo maquina emite un tiquete con el nombre del candidato, que el elector coloca en un sobre y deposita en una urna. Para terminar, después de haber firmado el registro electoral, empapa su dedo pequeño en tinta indeleble para garantizarse una segunda vez que no repetirá su voto. La noche de los resultados, el CNE procederá a una auditoría donde se sortearán, delante de los responsables de los distintos partidos, los colegios electorales donde se verificará el resultado electrónico. Se trata entonces de comparar los resultados obtenidos en la urna tras el conteo final con el resultado electrónico. Nunca fue detectado un error durante los múltiples procesos electorales.

Cuando el mal perdedor, Capriles Radonski impugnó la elección de Nicolas Maduro en 2013, el CNE abrió 100% de las urnas para compararlas con el resultado electrónico que daba un corto margen del 1,49%. Después de haber hecho abatir 11 chavistas por sus partidarios y haber puesto el país a fuego y sangre durante varias semanas, Capriles Radonski tuvo que reconocer su derrota (8).
Estas garantías para blindar el resultado condujo al ex presidente estadounidense Jimmy Carter a definir el sistema electoral venezolano como «el mejor del mundo» (9). Son los mismos procedimientos que definirán el voto de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018.
«Olvidando» sistemáticamente presentar el funcionamiento del sistema electoral venezolano, los medios nos toman como blanco. Estas omisiones cuando dejan lugar a verdaderas campañas de propaganda son criminales. Como todo parece indicar que Nicolás Maduro debería ganar la próxima elección (10), el no reconocimiento del carácter democrático de esta elección por los medios tiene como objetivo legitimar una intervención extranjera « para restablecer la democracia» como fue el caso en Haití o Serbia.

Una intervención contra un Estado canalla (Rogue State) o fallido (Failed State)

La palabra fue pronunciada varias veces por el vicepresidente de EE.UU (11). El Estado venezolano seria fallido o incluso un Estado canalla.

Según los servicios de propaganda estadounidenses y sus correas de transmisión mediáticas, Venezuela ya no contaría con un sistema institucional que funcione sino que dependería de la buena voluntad de un dictador y de una milicia que garantizaría su protección y su permanencia en el poder. El año 2017 dio lugar a varias construcciones mediáticas en torno a este tema. Reanudemos la cronología de los acontecimientos para no ser víctima de los bombardeos mediáticos sobre este delicado tema.

Tras la elección legislativa de 2015, en la que la oposición ganó 112 de los 167 escaños, una denuncia por fraude fue presentada en tres circunscripciones. Tal medida no es exclusiva de Venezuela, es un procedimiento similar que fue iniciado contra el ex primer ministro francés Manuel Valls, cuya elección como diputado despertó sospechas de fraude electoral (12).
Después de la investigación, la elección de estos diputados del Estado de Amazonas fue invalidada por el tribunal electoral que convocó de nuevo a los ciudadanos a las urnas en estas tres circunscripciones. Prefiriendo el enfrentamiento a la libre elección democrática, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup tomó la decisión de no respetar la sentencia del poder electoral. Como lo estipula la Constitución, fue el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que falló y declaró la Asamblea Nacional en situación de desacato judicial mientras la elección de los tres diputados no tuviera lugar. Por lo tanto, todas las decisiones de la Asamblea Nacional fueron consideradas nulas por el TSJ mientras persistiera esta situación. Esta tensión institucional afectó a los poderes legislativo, judicial y electoral.Es incluso suficientemente simbólica por la vivacidad y el buen funcionamiento de las instituciones venezolanas que no permiten ni vacío jurídico ni falta de poder. Y donde el hilo constitucional nunca ha sido roto. Cabe señalar que en esta confrontación, el ejecutivo no pudo tomar ninguna decisión.
A pesar de ello, los medios internacionales propagaron la idea de que las instituciones no funcionaban en Venezuela y que el presidente Maduro había acaparado todos los poderes silenciando una Asamblea contradictoria. Este conflicto jurídico se duplicará rápidamente con un intento de golpe de Estado fallido. De marzo a julio de 2017, violentos enfrentamientos entre grupos armados y fuerzas del orden dejaran más de 142 muertos y más de 800 heridos. Inmediatamente, una campaña mediática se puso en movimiento para atribuirle al gobierno bolivariano la totalidad de las muertes ocurridas. Tras la investigación, se reveló que cerca del 70% de las muertes son imputables de manera directa o indirecta a los grupos de choque de la oposición (13).

La elección de la Asamblea Constituyente y las elecciones locales posteriores permitieron un retorno a la calma, pero la propaganda de los medios ha hecho su camino y la idea de un Estado fallido, donde las instituciones ya no funcionan aró los espíritus, manipulados por las empresas de comunicación. Es desde esta perspectiva que es necesario comprender el reciente show mediático montado por la oposición para juzgar y detener el presidente Maduro (14).

Un nuevo «Tribunal Supremo de Justicia en el exilio» designado por una Asamblea Nacional, cuyas decisiones se consideran nulas decidió, basándose en la demanda de la antigua fiscal de la República Luisa Ortega, destituida y buscada por la justicia por corrupción (15), de proceder al enjuiciamiento del presidente venezolano por corrupción, y solicitar su captura por Interpol. La Asamblea Nacional aprobó posteriormente la solicitud de esta judicatura ficticia, y Luisa Ortega «ordenó» a las Fuerzas Armadas de capturar el presidente.
Lo que parece una mala broma se inscribe en esta estrategia de hacer pasar Venezuela por un Estado fallido. Creando ilegalmente instituciones judiciales paralelas (TSJ y Fiscal «en el exilio»), la oposición pretende dar la impresión de una crisis institucional. Esta situación de ingobernabilidad artificial podría justificar a su vez la intervención de países que no reconocerían los verdaderos poderes legales existentes. Recordemos que la constitución de poderes paralelos en el exilio siempre ha sido el preludio de aventuras militares como lo fue el caso en Libia y Siria.
De la misma manera, y sin ninguna prueba, Venezuela está acusada de ser una «narco-dictadura», premisa necesaria para ser calificada de Estado canalla. En 2015, el diputado chavista Diosdado Cabello y un grupo de militares fueron acusados, sin ninguna prueba tangible, de pertenecer al misterioso Cartel de los Soles (16). La acusación sólo se basaba en los testimonios de antiguos miembros de la administración venezolana «refugiados» en los Estados Unidos después de haber sido acusados por la justicia de su país por corrupción. Pero el sistema mediático se desbocó. Los grandes grupos de comunicación comenzaron a construir una «verdad» por un astucioso sistema de triangulación de la información. Por ejemplo, el Washington Post citaba como prueba un artículo del diario español ABC, que luego iba a ser retomado por el Wall Street Journal, luego por los diarios colombianos, quienes a su vez invocaban los artículos de sus colegas europeos, y así sucesivamente. El único problema, la ausencia manifiesta de pruebas. Las últimas noticias, tres años después de este caso las pruebas están clasificadas en la misma carpeta que aquellas sobre las armas de destrucción masiva iraquíes o sobre las armas químicas sirias.
Qué más da, la idea germinó en la opinión pública para la cual Venezuela bolivariana, a pesar de sus esfuerzos en la lucha anti droga, ahora se asocia al narcotráfico. Esta matriz del narco -Estado fue reforzada por el arresto por la DEA, de dos miembros de la familia de la esposa del presidente Maduro, acusados de tráfico de cocaína. Una vez más, ninguna prueba conectaba esta detención a una operación ilegal organizada desde las altas esferas del Estado.
Que importa, para el sistema mediático, Venezuela se convirtió en una «narcodictadura» (17). Esta precipitación del tribunal mediático es tan asombrosa como selectiva. El mismo año, los hijos del presidente de Surinam y de un ex presidente de Mauritania fueron detenidos y condenados por tráfico de drogas (18). Sin embargo, ningún medio utilizó estos sucesos para transformar los dos países mencionados en narco-Estados.
No permitamos que nos engañen por las fake news  de los medios dominantes. El relato mediático encaminado a transformar Venezuela en Estado fallido o en Estado canalla sólo tiene un objetivo: justificar una intervención extranjera como fue el caso en la operación Causa Justa* en Panamá, o en las destrucciones de Afganistán o Libia.

Una intervención «humanitaria»

Al margen de la VIII cumbre de las Américas, el vicepresidente estadounidense Mike Pence se reunió con miembros de la franja más extrema de la oposición venezolana. Durante la reunión, uno de los políticos presentes, Antonio Ledezma, que había llamado algunas semanas antes la comunidad internacional «a derrocar a Maduro» (19), declaró: «más que ayuda humanitaria, lo que necesitamos es una intervención humanitaria» (20). Más claro imposible.
Esta declaración se inscribe como punto culminante de la estrategia de guerra económica desplegada contra el pueblo venezolano y cuyo propósito, como en el caso del Chile de Allende, es « hacer chillar la economía venezolana» (21). Especulación contra el bolívar, la moneda nacional, contrabando de extracción de los productos de primera necesidad, saqueo de la gasolina, tráfico de billetes de banco venezolanos, reducción de la nota de solvencia de Venezuela a pesar del pago de su deuda, todos los medios son buenos para asfixiar la economía del país y podrir la vida de los ciudadanos.
A esto se añade un feroz bloqueo económico y financiero por parte de EE.UU y sus aliados. Establecido bajo Obama, ha sido reforzado por el presidente Donald Trump. Como lo señala la economista Pascualina Curcio (22), un 64% del total de las importaciones de medicamentos y el 82% de los alimentos importados por Venezuela provienen de los Estados Unidos o de países europeos y latinoamericanos alineados a la política de Washington y en su voluntad de penalizar a las empresas que comercian con entidades públicas venezolanas. Es un acto criminal encaminado a fabricar la miseria para justificar una intervención humanitaria, terminología hoy famosa para cubrir los horrores de una guerra, como en Somalia o Kosovo.
Ahogados por esta guerra económica, cientos de miles de venezolanos decidieron emigrar a los países de la región o a los Estados Unidos (23). Este proceso migratorio se convirtió en un pretexto para atacar al gobierno y despertar el espectro de una intervención humanitaria. Qué más da que la Organización de las Naciones Unidas para  la Agricultura y la Alimentación no considere reales problemas de malnutrición en Venezuela en su último informe 2017 (24), qué más da que Alfred De Zayas, experto independiente de las Naciones Unidas  para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, haya declarado: “He comparado las estadísticas de Venezuela con las de otros países, y no hay una crisis humanitaria. Sí, hay problemas de abastecimiento y escasez pero para quienes hemos trabajado decenas de años para las Naciones Unidas y que conocemos la situación de países de Asia, África, e incluso de las Américas, sabemos que la situación en Venezuela no constituye en modo alguno una crisis”  (25). El tema de la crisis humanitaria va ser alimentado por toda una serie de ONG con objetividad dudosa (26) y retomado por todo el sistema mediático mundial para legitimar el oxímoron de una intervención militar «con fines humanitarios».
Justificándose por la crisis económica de su vecino, el gobierno brasileño ordenó un despliegue militar en la frontera con Venezuela (27). Colombia, por su parte, decidió construir campamentos para refugiados en las ciudades fronterizas. El presidente colombiano Juan Manuel Santos envió incluso miembros de su gobierno… a Ankara, para aprender de la gestión por la administración turca de la afluencia de refugiados sirios que huyen de la guerra en su país (28).
Si no se trata de negar la magnitud del proceso migratorio de los venezolanos, afectados por las consecuencias del bloqueo y la guerra económica, la reacción de los países vecinos y de la administración estadounidense nos parece indicar que estamos más cerca de preparativos de guerra que de una simple gestión migratoria. A título de contraejemplo, cuando, a comienzos del siglo XXI, un 15% de los ecuatorianos tuvieron que huir de la miseria en la cual las políticas neoliberales los habían sumido, ningún Estado pensó a exigir una «intervención humanitaria» en Ecuador. ¿Y qué decir de Grecia donde la mitad de la población vive fuera de las fronteras de la República Helénica? ¿Existirían unos medios coherentes para pedir el bombardeo de Atenas?

Poner nuestros cerebros en estado de alerta

La situación actual en Venezuela es explosiva. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, yla probable victoria de Nicolas Maduro, la presión mediática va a intensificarse. Este desbocamiento se realizará a las cuatro esquinas del planeta, al mismo tiempo, con los mismos argumentos, y sobre todo con las mismas fuentes de información. Éstas proceden o de ONG financiadas por los Estados Unidos, o por el prisma de la triangulación de una información nunca comprobada. El desencadenamiento de fake news que se anuncia en la elección presidencial en Venezuela – que, recordémoslo, no será reconocida por ciertos países- tendrá por objetivo provocar un choque en la opinión pública, y así impedir toda manifestación de solidaridad contra las medidas punitivas que les seguirán. Paradójicamente, los que se atreverán a poner en duda la doxa mediática entonces serán linchados en nombre de la democracia y la libertad de expresión.
 
Debemos negarnos a que nuestro cerebro sea tomado como blanco por los ataques y los misiles mediáticos. Defender Venezuela en la tormenta programada, no es solamente afirmar nuestra adhesión con los principios de respeto de la soberanía democrática y de la no injerencia; es también rebelarse contra los atentados a nuestra integridad mental, no aceptar ser cómplice del conflicto anunciado y reafirmar nuestro derecho a ser informados de manera honesta y equilibrada.

How the US Occupied the 30% of Syria Containing Most of its Oil, Water and Gas

While gaining control of key resources for partitioning Syria and destabilizing the government in Damascus, the U.S.’ main goal in occupying the oil and water rich northeastern Syria is aimed not at Syria but at Iran.

By Whitney Webb

April 17, 2018 “Information Clearing House”  DAMASCUS, SYRIA –   After the U.S. launched “limited” airstrikes on Friday against Syria, U.S. Ambassador to the United Nations Nikki Haley announced that the U.S. will maintain its illegal presence in Syria until U.S. goals in the area are fulfilled, opening the door for the U.S. occupation to continue indefinitely.

hile the U.S. military presence in Syria has been ongoing since 2015 – justified as a means of countering Daesh (ISIS) — U.S. troops have since turned into an occupying force with their failure to pull out following Daesh’s defeat in northeastern Syria. Currently, the U.S. occupies nearly a third of Syrian territory — around 30 percent — including much of the area east of the Euphrates River, encompassing large swaths of the Deir Ezzor, Al-Hasakah and Raqqa regions.

Though the U.S. currently has between 2,000 to 4,000 troops stationed in Syria, it announced the training of a 30,000-person-strong “border force” composed of U.S.-allied Kurds and Arabs in the area, which would be used to prevent northeastern Syria from coming under the control of Syria’s legitimate government. Though it backtracked somewhat after backlash from Turkey, the U.S. has continued to train “local forces” in the area. Russian military sources have asserted that former members of Daesh — who were allowed to leave cities attacked by the U.S. and their proxies, as was the case in battle for Raqqa — are to be included among the force’s ranks.

This, along with the U.S. government’s insistence on maintaining the occupation until Syrian President Bashar al-Assad is removed from power, shows that the U.S. government has no intention of permitting the reunification of Syria and will continue to occupy the region over the long term.

The illegal U.S. occupation of Syria has been widely noted in independent and corporate media, but little media attention has focused on identifying the wider implications of this occupation and the U.S.’ main objectives in keeping northeastern Syria from coming under the control of the legitimate, democratically elected Syrian government. As is often the case in U.S. occupations, both historical and present, it is an effort born out of two goals: resource acquisition for U.S. corporations and the destabilization of a government targeted for U.S.-backed regime change.

Control of fossil fuel deposits and flow

Northeastern Syria is an important region owing to its rich natural resources, particularly fossil fuels in the form of natural gas and oil. Indeed, this area contains 95 percent of all Syrian oil and gas potential — including al-Omar, the country’s largest oil field. Prior to the war, these resources produced some 387,000 barrels of oil per day and 7.8 billion cubic meters of natural gas annually, and were of great economic importance to the Syrian government. However, more significantly, nearly all the existing Syrian oil reserves – estimated at around 2.5 billion barrels – are located in the area currently occupied by the U.S. government.

In addition to Syria’s largest oil field, the U.S. and its proxies in northeast Syria also control the Conoco gas plant, the country’s largest. The plant, which can produce nearly 50 million cubic feet of gas per day, was originally built by U.S. oil and gas giant ConocoPhillips, which operated the plant until 2005, after which Bush-era sanctions made it difficult to operate in Syria. Other foreign oil companies, like Shell, also left Syria as a result of the sanctions.

With the U.S. now occupying the area, the oil and gas produced in this region are already benefiting U.S. energy corporations to which Trump and his administration have numerous ties. According to Yeni Şafak, the U.S. along with the Saudis, Egypt, and Kurdish officials held meetings where decisions were made to extract, process and market the fossil fuels harvested in the region, with the Kurds being given a handsome share of the profits. As of 2015, the Kurds were said to be earning in excess of $10 million every month.

Syria’s Kurdistan exports its oil to Iraq’s Kurdistan, with which it conveniently shares a border, and it is then refined and sold to Turkey. Though no corporations are publicly involved, the deal between Syrian and Iraqi Kurds was brokered by unnamed “oil experts” and “oil investors.” The Kurds in Syria and Iraq did not even sign the agreement in person. They were subsequently “informed” of the agreement by the United States and instructed to supervise the operation.

A source in Iraq’s Kurdistan Regional Government (KRG) told NOW News that “with regard to southern Kurdistan, it was a company and not the KRG that signed the deal, and it is [the company] that directly hands over the sums in cash every month.” Given that over 80 foreign companies are involved in the KRG’s oil trade, most of them U.S.-based, we can safely assume that many of the same players have also been involved in developing the oil trade of Syria’s Kurdistan.

Major corporate interests

The Trump administration’s numerous connections to the U.S. oil industry make this alliance clear. Former Secretary of State Rex Tillerson, who was fired in March, was previously the top executive at ExxonMobil, an oil company that unilaterally brokered an oil deal with Iraqi Kurds behind the back of the Iraqi government and has expressed interest in developing Syrian oil interests in the portion of the country currently occupied by the U.S.

ExxonMobil also had a major stake in the proposed Qatari pipeline, whose rejection by Assad was a likely factor in jumpstarting the Syrian conflict. Trump himself, prior to assuming the presidency, also had sizable investments in ExxonMobil — as well as in 11 other major oil and gas companies, including Total, ConocoPhillips, BHP and Chevron.

In addition, even though Tillerson has now gone, his replacement, Mike Pompeo, is equally a friend to the U.S. oil and gas industry. Pompeo is the “#1 all time recipient” of money from Koch Industries, which has numerous interests in oil and gas exploration, drilling, pipelines, and fossil-fuel refining.

While the U.S. occupation of Syria is no doubt motivated by a desire to exploit the region’s oil and gas resources for itself, the U.S.’ refusal to leave the area is also born out of a concern that, were the U.S. to leave, its chief rival, Russia, would claim the oil and gas riches of Syria’s northeast. Indeed, according to an energy cooperation framework signed in January, Russia will have exclusive rights to produce oil and gas in areas of Syria controlled by the Syrian government.

Since 2014, the U.S. has been aggressively trying to limit Russia’s fossil-fuel sector, particularly its exports to Europe, and replace them with U.S.-produced fossil fuels. As former Speaker of the House John Boehner wrote in 2014, “The ability to turn the tables and put the Russian leader in check lies right beneath our feet, in the form of vast supplies of natural energy.” Allowing the Russian fossil fuel sector to strengthen, whether in Syria or elsewhere, would harm U.S. strategic objectives, U.S. corporate bottom lines and the U.S.’ vision of maintaining a unipolar world at all costs.

Location, location: pipeline maps and a zero-sum game with Russia

In addition to its fossil fuel resources, Syria’s strategic location makes it crucial to the regional flow of hydrocarbons. Having the northeastern section of Syria under the control of the U.S. and its proxies could have a profound effect on future and existing pipelines. As The New York Times noted in 2013, “Syria’s prime location and muscle make it the strategic center of the Middle East.”

For that very reason, much of the U.S.’ Middle East policy has been aimed at seizing control of territory and pushing for the partition of countries to secure safe transit routes for oil and gas. In Syria such plans to partition the country for this purpose date back to as early as the 1940s, when European oil interests in the country’s northeast began to grow. Since then, several countries have tried to occupy parts of northern Syria to secure control of the region for these strategic purposes, including Turkey and Iraq in addition to Western powers.

A crucial pipeline already exists in northeastern Syria that connects Syria’s oil fields to the Ceyhan-Kirkuk pipeline. Though that pipeline sustained heavy damage in 2014, there are plans to rebuild it or build a new pipeline alongside it. Thus, northeastern Syria also boasts oil export infrastructure that could help Syrian oil travel easily to Turkey and thus to the European market.

In addition, the conflict in Syria – now in its seventh year – was, in part, initiated as a result of clashes over two pipeline proposals that needed to secure passage through Syria. Syria, not long before the foreign-funded proxy war besieged the country, had turned down a U.S.-backed proposal that would take to Europe natural gas from Qatar in favor of a Russia-backed proposal that would take natural gas originating in Iran.

Though those pipeline proposals are no longer as powerful in shaping motives as they once were – largely due to Qatar’s rift with other Gulf monarchies and improved relations with Iran – the northeastern part of Syria remains key to U.S. objectives. According to the German publication Deutsche Wirtschafts Nachrichten, the U.S. has developed plans to build a new pipeline from the Persian Gulf to Northern Iraq and into Turkey through northeastern Syria, with the ultimate goal of supplying oil to Europe. Russia, for its part, opposes this plan, as it seeks to maintain its own lucrative exports of fossil fuels to Europe.

Water and land

Beyond fossil fuels and pipelines, northeast Syria boasts several other key advantages in terms of resources. Chief among those is water – a resource of prime importance in the Middle East. The U.S.-controlled portion of Syria is home to the country’s three largest freshwater reservoirs, which are fed by the Euphrates river.

One of those reservoirs now controlled by the U.S. and its proxies, Lake Assad, is the country’s largest freshwater reservoir and supplies government-held Aleppo with most of its drinking water. It also provides the city with much of its electrical power, which is generated by Tabqa Dam, also located in the occupied territory. Another key hydroelectric power plant is located at Tishrin Dam and is also controlled by U.S.-backed proxy forces.

In addition to its abundant water resources, northeastern Syria is also home to nearly 60 percent of Syria’s cropland, a key resource in terms of Syria’s sustainability and food independence. Prior to the conflict, Syria invested heavily in bringing irrigation infrastructure into the area in order to allow agriculture there to continue despite a massive regional drought. Much of that irrigation infrastructure is fed by the occupied Tabqa Dam, which controls the irrigation water for 640,000 hectares (2,500 square miles) of farmland.

Game plan for occupation, partition

Unlike the northeast’s fossil fuel resources, the U.S. is not hoping to gain financially from the region’s water and agricultural resources. Instead, the interest there is strategic and serves two main purposes.

First, control over those resources – particularly water and the flow of the Euphrates – gives the U.S. a key advantage it could use to destabilize Syria. For example, the U.S. could easily cut off water and electricity to government-held parts of Syria by shutting down or diverting power and water from dams in order to place pressure on the Syrian government and Syrian civilians.

Though such actions target civilians and constitute a war crime, the U.S. has used such tactics in Syria before, such as in the battle for Raqqa when it cut off water supplies to the city as its proxies took control of the city from Daesh (ISIS). Other countries, like Turkey, have also cut off the flow of the Euphrates on two occasions over the course of the Syrian conflict in order to gain a strategic advantage.

By controlling much of the country’s water and agricultural land – not to mention its fossil fuel resources — the U.S. occupation will not only accomplish its goal of destabilizing Syria’s government by depriving it of revenue; it also invites a broader conflict from Syria and its allies, who are eager to prevent another long-term U.S. occupation in the Middle East and to reclaim the territory for Syria.

Another way the U.S. has the ability to destabilize Syria through its occupation of the northeast is its plan to have the Saudis rebuild much of the area. Though the U.S. initially allied itself with the Kurds in northeastern Syria, opposition from Turkey has led Washington to focus more on working with Arabs in the area, particularly those allied with or formerly part of Saudi-allied Wahhabi groups, in order to create a Saudi-controlled enclave that could be used to destabilize government-controlled areas of Syria for years to come. The area is set to become much like the Idlib province, which is also essentially an enclave for Wahhabi terrorists.

The U.S. plan to create a Wahhabi enclave in northeast Syria was directly referenced in a Defense Intelligence Agency (DIA) report from 2012. That report stated:

“THE WEST, GULF COUNTRIES, AND TURKEY [WHO] SUPPORT THE [SYRIAN] OPPOSITION… THERE IS THE POSSIBILITY OF ESTABLISHING A DECLARED OR UNDECLARED SALAFIST PRINCIPALITY IN EASTERN SYRIA (HASAKA AND DER ZOR), AND THIS IS EXACTLY WHAT THE SUPPORTING POWERS TO THE OPPOSITION WANT, IN ORDER TO ISOLATE THE SYRIAN REGIME…” [capitalization original]

Despite Daesh’s defeat, their presence in Northeastern Syria, as the DIA reveals, was cultivated to provide a pretext for the foreign control of the region.

Partition chess: thinking two moves ahead

Whether the Saudis or the Kurds ultimately end up dominating the portion of Syria currently occupied by the United States is besides the point. The main U.S. purpose in occupying the northeast portion of Syria is its long-standing goal of partitioning Syria, thereby permanently separating the country’s northeast from the rest of the country.

Throughout the Syrian conflict, the U.S. government has repeatedly tried to sell partition to the public, arguing that partition is the “only” solution to Syria’s ongoing “sectarian” conflict. However, this sectarianism was cynically engineered and stoked by foreign powers precisely to bring about the current conflict in Syria and ultimately justify partition.

WikiLeaks revealed that the CIA was involved in instigating anti-Assad and “sectarian” demonstrations as early as March 2011. Declassified CIA documents show that the plan to push partition by directly engineering sectarianism in order to weaken the Syrian state dates back to at least the 1980s. The partition idea was also repeatedly touted by the Obama administration, which stated on several occasions that it “may be too late” to keep Syria whole.

Though the Obama administration has come and gone, the Trump administration is also set to push for partition, thanks to the recent appointment of John Bolton to the position of National Security Adviser. As MintPress recently reported, Bolton has long advocated for combining northeastern Syria with northwestern Iraq in order to create a new country, which Bolton called “Sunnistan,” that would dominate the two countries’ fossil fuel resources and would count on the key water and agricultural resources of the region to sustain the population. Bolton called for the Gulf Arab states, like Saudi Arabia, to finance the creation of that state – hence the Trump administration’s recent attempts to negotiate a “deal” with the Saudis by which they take over control of the U.S.-occupied portion in Syria if they agree to pay $4 billion for reconstruction.

Aiming at Iran

While gaining control of key resources for partitioning Syria and destabilizing the government in Damascus, the U.S.’ main goal in occupying the oil and water rich northeastern Syria is aimed not at Syria but at Iran.

As U.S.-based intelligence firm Stratfor noted in 2002, taking control of Syria’s northeast would greatly complicate the land route between Syria and Iran as well as the land route between Iran and Lebanon. In January, Tillerson made this objective clear. Speaking at Stanford University, Tillerson noted that “diminishing” Iran’s influence in Syria was a key goal for the U.S. and a major reason for its occupation of the northeast.

By cutting off the route between Tehran and Damascus, the U.S. would greatly destabilize and weaken the region’s “resistance axis” and the U.S. — along with its regional allies – would be able to greatly increase its regional influence and control. Given the alliance between Syria and Iran, as well as their mutual defense accord, the occupation is necessary in order to weaken both nations and a key precursor to Trump administration plans to isolate and wage war against Iran.

With internal reports warning of the U.S.’ waning position as the “world’s only superpower,” the U.S. has no intention of leaving Syria, as it is becoming increasingly desperate to maintain its influence in the region and to maintain as well the influence of the corporations that benefit the most from U.S. empire.

Acknowledgment: Investigative journalist Rick Sterling, who specializes in the Syria war, provided MintPress with some images and pertinent information that was used in this story.

Top Photo | American troops look out toward the border with Turkey from a small outpost near the town of Manbij, Syria, Feb. 7, 2018. (AP/Susannah George)

Whitney Webb is a staff writer for MintPress News and a contributor to Ben Swann’s Truth in Media. Her work has appeared on Global Research, the Ron Paul Institute and 21st Century Wire, among others. She has also made radio and TV appearances on RT and Sputnik. She currently lives with her family in southern Chile.

This article was originally published by “MintPress” –

 

NAFTA is fuelling climate change in North America (New Report)

A message from Maude Barlow, Honorary Chairperson, The Council of Canadians

I’m writing to share with you a groundbreaking new report the Council of Canadians released today that exposes how NAFTA is fuelling climate change in North America.

The report, NAFTA 2.0: For People or Polluters?, is a tri-national project from leading Canadian, Mexican and American economists who detail in original research how existing NAFTA provisions bind all three countries to fossil fuel futures, and how current negotiations make the problems worse.

For example, NAFTA’s energy proportionality rules require that Canada make available for export to the U.S. the same percentage of oil and gas as it has in the past three years.

What does that mean for Canada’s climate? The report’s economic modelling shows that NAFTA’s energy proportionality rules would lock in 1,488 megatonnes more greenhouse gas emissions by 2050. This is double Canada’s yearly emissions and more than 12 times greater than its 2050 climate pollution target.

In his Toronto Star op-ed this morning, Dr. Gordon Laxer – author of the Canadian sections of the report, long-time Board Member of the Council of Canadians, and political economist and founding director of the Parkland Institute at the University of Alberta – expanded on how NAFTA restricts Canada’s ability to lower carbon emissions.

Dr. Laxer adds, “The Trudeau brand is all about progressive sounding, green tinted messages. However, in NAFTA, nothing has been done to address environmentally destructive measures such as energy proportionality or the investor state dispute mechanism. It is scandalous that NAFTA’s proportionality rule locks Canada into perpetual production of climate-polluting tar sands oil and fracked gas. For Canada’s transition to a clean energy economy to begin, this polluter-friendly rule must end.”

More key findings from the report are outlined on our website. And if you haven’t seen it yet, there you can also watch the Council’s helpful video on energy proportionality.

For decades, the Council of Canadians has been arguing that NAFTA erodes our ability to have sovereignty over our energy resources – and we have been proven right.

Now, with the urgency of climate change, our concerns are even more vital today in the context of NAFTA renegotiations.

Thank you again for your continuing support. Together, we will keep fighting for Canada to negotiate a NAFTA that better protects people and the planet.