Honduras. Defending the human right to water – PBI

PBI-Honduras accompanies C-Libre at appeal for Guapinol water defenders

Published by Brent Patterson on

On September 5, the Peace Brigades International-Honduras Project posted, “This morning we accompanied the Committee for Free Expression [a coalition of journalists and civil society representatives] to the Constitutional Chamber, where they signed a Habeas Corpus appeal in favour of the eight defenders of the Guapinol territory who have been in preventive detention since last Sunday.”

PBI-Honduras adds, “This resource is intended to review whether the requirements to adopt that resolution were met.”

ACI-Participa further explains, “The appeal is that this Chamber of the CSJ [la Corte Suprema de Justicia] review the actions of the Judge and if the necessary requirements were met for the magistrate to take that resolution. The measure is clearly illegal, so within the next 24 hours a ruling from the Constitutional Chamber is expected.”

On September 2, Prensa Latina reported, “The director of the Committee for Free Expression, Edy Tábora, who is also part of the environmental defense lawyers, denounced that the trial is plagued by irregularities.”

That article adds, “Initially the environmentalists had been charged for the crimes of illicit association and illegal carrying of weapons. …[They] are now in preventive detention for the crime of aggravated fire, dictated by a judge of national jurisdiction.”

Background

In August 2018, area residents set up a ‘Guapinol Camp in Defence of Water and Life’ in opposition to the Inversiones Los Pinares mine. Many oppose this mine inside the Carlos Escaleras National Park because it is causing damage to the Guapinol River, the source of drinking water for 14 nearby communities and about 42,000 people.

In October 2018, 1,500 Honduran military and police officers evicted the camp.

Twelve of the water defenders who had been at that camp went on trial in late February of this year. PBI-Honduras, along with CEHPRODEC [the Honduran Centre for the Promotion of Community Development] and C-Libre, accompanied that trial.

On August 26, PBI-Honduras was also present for an initial hearing of seven of the additional water defenders noted above. Those water defenders were referred to judicial detention at the Tamara Penitentiary where they are still being jailed.

The Unitarian Universalist Service Committee has stated, “This confinement is just one of numerous due process failures plaguing this case, including the fact that one of the defenders is now being tried inside a military base. The water defenders must be released and all the charges dropped – protecting the human right to water is never a crime.”

PBI-Honduras has accompanied C-Libre since January 2018.

Further reading: Guapinol water defender Roberto Antonio Argueta killed; PBI-Honduras at court hearing for Guapinol water defenders and Peace Brigades accompanies at-risk lawyers and criminalized human rights defenders.

#GuapinolResiste #DefenderLaTierraNoEsDelito #NoMasCriminalización

Honduras. Comunidades del Atlántico resisten a proyectos extractivos

Pese a las amenazas de muerte y la persecución penal, comunidades del Atlántico resisten a proyectos extractivos

Resumen Latinoamericano / 25 de marzo de 2018 / Radio Progreso

Comunidades hondureñas arrecian la lucha contra la instalación de represas hidroeléctricas. En Pajuiles, Tela, y en Hilamito, Arizona, en el departamento de Atlántida, llevan un año de haber instalado los “campamentos dignos por el agua, la vida y la justicia”, con el propósito de defender dos de sus principales ríos.

El 22 de marzo del 2017 se instaló el campamento en Pajuiles y el 15 de mayo del mismo año se instaló el campamento de Hilamito, denunciando la política represiva contra los procesos de organización, movilización y protesta ciudadana. En varias ocasiones la lucha y la resistencia de la población ha sido criminalizada y reprimida por las fuerzas de seguridad del Estado hondureño.

En ambos sectores se ha denunciado la falta de consulta previa y los graves daños ocasionados, tanto al río Mezapa como a la cordillera Nombre de Dios, por los proyectos ejecutados por las empresas Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (Hidrocep) e Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (Ingelsa), propiedad de los empresarios hondureños Jason Hawit y Emín Abufele.

Estos proyectos son ejecutados sin contar con el consentimiento de las comunidades que ancestralmente han convivido y protegido los bosques y las fuentes de agua.

Estudios indican que los últimos dos gobiernos nacionalistas han otorgado a nivel nacional 117 concesiones de ríos para la instalación de represas.

En esta zona del Atlántico hondureño, las comunidades organizadas a través de la Iglesia Católica y el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) han decidido instalar los campamentos para impedir el paso de maquinarias pesadas hacia la parte alta de la montaña donde se construyen los proyectos.

Desde sus inicios la respuesta no se hizo esperar. Y comenzó la escalada de violencia. En diferentes ocasiones los “campamentos” fueron atacados, tanto por las fuerzas policiales como por miembros de otras comunidades vinculados a las empresas, lo que produjo el proceso de enjuiciamiento para varios líderes comunitarios.

Amenazas a muerte y criminalización

“Nosotras estamos viviendo en territorios que no sólo generan vida, sino que también están siendo codiciados por empresarios de la generación de energía. Ellos están luchando por instalar sus proyectos, pero nosotras también estamos luchando en la defensa de nuestros ríos”, indicó Doña Elena Gaitán, integrante del núcleo comunitario del MADJ en Arizona y presidenta de la Asociación de Patronatos dicho municipio.

Desde las montañas de la cordillera Nombre de Dios, se desprende la lucha contra las empresas, que los gobiernos con sus planes de desarrollo respaldados por policías y militares, los invasores, los grupos paramilitares y criminales pretenden instalar a la fuerza, según las denuncias realizadas por las comunidades.

La hidroeléctrica INGELSA junto al Ministerio Público han ordenado perseguir penalmente a Doña Elena Gaitán, al alcalde de Arizona Arnaldo Chacón y otros tres integrantes del núcleo comunitario del MADJ en Arizona. Gaitán, defensora del río Hilamito ha sido víctima, además, de diversas amenazas directas en su contra.

Según la dirigente, desconocidos han llegado hasta su negocio en Arizona para decirle que “lo mismo que le pasó a Berta le va a pasar a ella”. Luego se inició el proceso de criminalización y en la actualidad junto a sus cuatro compañeros de lucha goza de medidas sustitutivas de prisión impuesta por un juez de la ciudad de Tela, Atlántida.

A pesar de todo eso, Doña Elena ha sido pieza fundamental para activar la defensa del río y para generar conciencia de defender los bienes naturales en contra del voraz modelo extractivo y la política del Estado de Honduras de concesionamiento y entrega del territorio.

Por su parte el alcalde de Arizona, Carlos Arnaldo Chacón, denunció que su asesinato estaba pactado para ser ejecutado el 28 de febrero del presente año, sin embargo, la persona que había sido contratada para su vigilancia lo alertó y así pudo salvar su vida.

El edil denuncia que continúa amenazado de muerte, además está siendo víctima de persecución penal y de una campaña mediática en su contra. Asegura que todo esto está relacionado a la lucha que está librando la población en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Hilamito.

Arnaldo Chacón, dijo en entrevista con Radio Progreso que lo que está buscando la institucionalidad es que la hidroeléctrica INGELSA, que tiene como principal accionista a Emín Abufele, instale la represa sobre el río Hilamito, sin que exista resistencia de las comunidades que llevan 10 meses de lucha permanente.

Desplazamientos 

La instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos está generando persecución, agresiones, amenazas, homicidios y desplazamientos en varios municipios de Honduras. La mayoría de las víctimas son las familias que luchan en defensa de la tierra y los ríos, tal y como sucede en el sector de la Florida, zona alta del municipio de Tela, Atlántida.

La sub coordinadora MADJ, en el departamento de Atlántida, desde la semana anterior se vio obligada a salir de su comunidad y “en los próximos días otros dirigentes podrían correr la misma suerte debido a la persecución en su contra”, aseguró.

Según testimonios existe una persecución para la dirigencia que se opone a un proyecto minero que se pretende instalar en el sector. Los militares del Cuarto Batallón de Infantería, asentados en la comunidad de La Florida Vieja, jurisdicción de Tela Atlántida, son los encargados de desarrollar el trabajo.

“Casa a casa, calle por calle, los tres efectivos preguntan con nombres y apellidos de nuestros compañeros y compañeras, denunciamos y responsabilizamos directamente al ejército instalado en la zona ante cualquier incidente de seguridad contra nuestros compañeros.”

Solo en el departamento de Atlántida, existen 24 concesiones para la instalación de represas hidroeléctricas y 100 para explotación minera, según una investigación a cargo del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación Eric-sj junto a la universidad Saint Louis Misuri de Estados Unidos. Siendo Arizona y Tela los municipios más afectados con la implementación del modelo extractivista.

Los campamentos de Hilamito y Pajuiles, están siendo sostenidos por cerca de 100 comunidades. Fácilmente se puede observar a la gente bajando de la montaña con cargas de maíz, frijoles, arroz o plátanos para alimentar a las personas que hacen guardia en los campamentos que luchan contra las hidroeléctricas.

URUGUAY: 22 de Marzo – Día Mundial del Agua

Día Mundial del Agua, Marchamos

por el Agua y por la Vida

Resumen Latinoamericano, 21 de marzo 2018

 

 

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida en Uruguay, está convocando una movilización para este 22 de marzo.

La manifestación se realizará precisamente en los momentos que está llevándose a cabo una campaña de recolección de firmas, para derogar la inconstitucional Ley de Riego, que fue impulsada por el gobierno progresista.

La movilización partirá a las 18 horas de la explanada de la Universidad en el centro de Montevideo y se dirigirá hacia la Torre Ejecutiva.

 

La Ley de Riego Nº 19.553:


– Contamina: favorece la concentración de algas tóxicas que luego inundan todos los ríos, lagunas y arroyos, más contaminación en el agua para consumo humano.
-Privatiza: En los hechos, el control de ríos, lagunas y arroyos queda en manos privadas.
– Mercantiliza: Crea un mercado de venta de aguas, violando lo que la ciudadanía decidió en 2004.
– Excluye: Esta Ley fue impuesta por el gobierno, sin consulta popular, comprometiendo el bien natural agua para las presentes y futuras generacione