A 20 AÑOS DE LA APARICIÓN DEL DIARIO MILITAR

A 20 años de que se hiciera público el documento conocido como “Diario Militar o Dossier de la Muerte” y a más de 35 años que se llevaron a cabo las capturas ilegales y posteriores desapariciones forzadas de nuestros familiares consignadas en dicho documento de inteligencia militar, hacemos saber a los medios de comunicación, autoridades correspondientes y al pueblo de Guatemala en general, lo siguiente:

Considerando que el 20 de mayo de 1999 fue un momento histórico en nuestro largo recorrido de exigencia de justicia, ya que se hizo público un documento que cambiaría la visión de la historiareciente en Guatemala, el documento que se denominó como “Diario Militar o Dossier de la Muerte”.En aquel momento fue dado a conocer por Kate Doyle de la National Security Archive en Washington, Estados Unidos y a nivel nacional por un medio de comunicación escrito, en ese entonces se brindaron detalles de la procedencia y la veracidad de la información que contenía dicho documento y del documento en sí.

Este hecho marcó un antes y un después en la vida política guatemalteca, porque confirmó los hechos denunciados por las familias y evidenció cómo la desaparición forzada durante el Conflicto Armado Interno llegó a ser una política de Estado, que incluso se sistematizaba en los cuarteles, registrándose en documentos escritos con el fin de llevar un control de las capturas ilegales y demás actos delictivos.Estos hechos se ven reflejados en el “Diario Militar o Dossier de la Muerte”.

Han pasado 20 años desde que madres, padres, esposas, esposos, hijas e hijos, hermanas y hermanos volvimos a creer en la esperanza, ya que ese 20 de mayo de 1999 creímos que el sistema nos permitiría alcanzar la justicia tan anhelada y que tanto se nos ha negado, ya que el documento aportó evidencias de las acciones ilegales y graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por el gobierno de facto del general Oscar Humberto Mejía Víctores. El Diario Militar presenta 183 fichas donde se consignan los datos de nuestros familiares quienes fueron detenidos y posteriormente desaparecidos por aparatos de seguridad del Estado; estos datos dan fe de que mientras nosotros exigíamos de vuelta con vida a nuestros familiares, el sistema de inteligencia militar los había capturado ilegalmente, seguramente sometidos a torturas inhumanas practicadas durante los interrogatorios y, en la mayoría de los casos, ejecutados extrajudicialmente.

El jefe de facto de ese momento, Mejía Víctores, nos mintió reiteradamente negando toda injerencia del Estado en las desapariciones forzadas. Todas las autoridades de ese gobierno tienen algún grado de responsabilidad en los crímenes cometidos contra nuestros familiares, ya que fueron cómplices al callar y no denunciar lo que estaba sucediendo; el mismo representante de Guatemala ante la ONU afirmó que no existían cárceles clandestinas ni se tenía una política de desaparición forzada, hechos que ya no

pueden ser negados ya que, además del Diario Militar y otros archivos del Estado, hay muchos testimonios de sobrevivientes ante tribunales nacionales e internacionales que lograron salir del infierno de las cárceles clandestinas y han relatado cómo vieron a nuestros familiares aún con vida y las torturas inhumanas a las que ellos sobrevivieron.

El clamor de los familiares de las víctimas no ha cesado en ningún momento a lo largo de los más de 35 años que llevamos buscando y exigiendo justicia; la historia reciente de Guatemala ha sido testigo de nuestras peticiones, nuestros gritos de justicia y los llantos desesperados de madres al no tener respuesta del paradero de sus hijos. Estos hechos no son inventados, estos hechos constan en el Diario Militar, así como en otros archivos documentales y hemerográficos, en los libros y en la memoria de estas calles que han sido testigos mudos de nuestra lucha.

Después de 20 años, ya no nos pueden seguir retardando y mucho menos negando a través de políticas de Estado, los procesos de búsqueda de verdad y justicia. En el presente caso, existe una sentencia condenatoria emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, la cual manda yobliga al Estado de Guatemala a “investigar, procesar, juzgar y condenar a los responsables” de las graves violaciones a los Derechos Humanos que están registradas en el “Diario Militar o Dossier de la Muerte”.

Ya no somos las mismas personas las que venimos a exigir justicia; esto demuestra que la justicia ha caminado más lento que la vida de los primeros familiares que confrontaron al poder militar exigiendo con vida a sus seres queridos. La desaparición forzada ha afectado a varias generaciones, las políticas represivas del Estado han implantado y mantenido el terror en las familias, tratando de perpetuarlo a través de la historia, sin embargo, somos más los familiares que exigimos justicia; nosotros continuamos con la exigencia de las abuelas y los abuelos que comenzaron a buscar a las víctimas.

Por lo antes expuesto, demandamos:

1. Que se concluya la investigación sobre los delitos contra la persona humana evidenciados en el Diario Militar o Dossier de la Muerte y con base a ella se proceda a llevar a los tribunales correspondientes a los responsables de las graves violaciones a los Derechos Humanos de las 183 víctimas que aparecen en dicho documento.

2. Exigimos conocer la verdad de los hechos y encontrar los cuerpos de nuestros familiares, y así poder cerrar un duelo al inhumarlos como ellas y ellos se lo merecen, como grandes guatemaltecas y guatemaltecos que dieron su vida por buscar el bien común y un país donde la vida digna sea para todos y no para unos cuantos. Así mismo al Estado de Guatemala, que en el tiempo mínimo posible nos garantice y se comprometa aprobar la Iniciativa de Ley 3590 que lleva más de 10 años en discusiones y lecturas en el Congreso, así como que apoye la creación del Banco Nacional de ADN de una forma integral y con esto agilizar la búsqueda de los 45 mil detenidos-desaparecidos.

3. Que el Estado se comprometa a continuar los procesos de exhumación dentro de las zonas militares, porque está claro que ahí se encuentran cementerios clandestinos. Ejemplo de esto son: el antiguo destacamento de San Juan Comalapa –donde fueron localizados 6 compañeros del Diario Militar junto a más de 200 osamentas de población Maya Kaqchikel– y la base militar aún activa de CREOMPAZ o Zona Militar #21, donde se han recuperado más de 500 osamentas; con estos ejemplos podemos confirmar que las bases militares funcionaron como centros masivos de exterminio.

4. Que continúen los procesos de justicia en contra de los militares retirados involucrados en graves violaciones a los Derechos Humanos, ya que estos procesos contribuyen al esclarecimiento de la verdad y a la reparación moral de los daños cometidos contra el pueblo guatemalteco, a través de la verdad y la justicia se alcanza la paz y la reconciliación.

5. Que cualquier organismo del Estado se abstenga de conocer o impulse cualquier ley que promueva la impunidad; es inconstitucional cualquier ley que cause amnistías por graves violaciones a los Derechos Humanos como la desaparición forzada, delitos de lesa humanidad y genocidio, las cuales fueron prácticas realizadas por los gobiernos militares comprobadas ante tribunales nacionales e internacionales.

6. Que se desclasifiquen en su totalidad los archivos del Ejército que corresponden a la época del Conflicto Armado Interno, ya que son documentos históricos que no pueden ser catalogados como secretos y con esto poder conocer la verdad de los delitos que la institución cometió contra el pueblo guatemalteco. Asimismo que se resguarden y se garantice su acceso público a los fondos documentales y archivos estatales como el Archivo Histórico de la Policía Nacional, los cuales son parte de la historia guatemalteca, pero sobretodo son pruebas documentales del modo de actuar de las fuerzas de seguridad del Estado.

7. Que se detenga la criminalización contra las personas que defendemos los derechos fundamentales de la humanidad, así como cualquier intimidación o atentado contra nuestra seguridad física, siendo el Estado de Guatemala el responsable de garantizar nuestra seguridad.

Por todo lo antes expuesto, solicitamos:

– A los medios de comunicación, que por medio de su expertiz y su labor de investigación exponga los hechos del pasado con honestidad, divulgando los delitos contra la humanidad y de guerra cometidos durante el Conflicto Interno Armado que aún se encuentran sin juzgar.

– A la Comunidad Internacional y organizaciones nacionales, a todas y todos los guatemaltecos, a exigir con nosotros un acceso a la verdad sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas por miembros de las fuerzas del Estado, así como se nos garantice elderecho constitucional al acceso a una “Justicia Pronta y Cumplida”.

Guatemala 20 de mayo del 2019.

“Porque a estos desaparecidos, ya nadie los puede callar”

 

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